El grito del hombre que pronunciaba su nombre lo obligó a detenerse en la mitad de uno de los estacionamientos de la parroquia 23 de Enero. Cuando se volteó para atender a la persona que lo requería, le insistieron para que se acercara hasta una camioneta Hailux.

Frente al vehículo, dos hombres lo sometieron. Le estrellaron la cara contra el capó y luego, ya aturdido, lo obligaron a tripular el carro que, según recuerda el hombre, era de color verde. En ese momento, ese comerciante se convertía en el quinto lugareño de la parroquia que era secuestrado en una semana en la localidad.

Adentro, le colocaron una capucha y desde entonces hasta que llegó al sitio, donde lo mantuvieron cautivo unas cuatro horas, lo golpearon a más no poder. "Me tuvieron siempre esposado. De tanto golpe que me dieron me reventaron varios vasos del ojo y lo tengo todo ensangrentado y veo con dificultad; tengo hematomas repartidos por todas partes y, lo peor, me quemaron las axilas", dijo el hombre sin ofrecer su nombre, "tengo miedo a que regresen y atenten contra mi esposa o hijos... saben dónde vivimos", aseguró el hombre.

Mientras lo torturaban pudo escuchar cómo, según él, hacían lo propio con otras personas. "Estábamos como en un centro policial, se podían oír varias transmisiones en radio y se comunicaban con códigos como los que usan los funcionarios", recordó el hombre.

Por la liberación de este comerciante pedían 50 mil bolívares fuertes. Esa fue la suma que los secuestradores exigían a los familiares del hombre que fue capturado a las 11:15 de la mañana de un jueves, delante de varios lugareños de la comunidad de 23 de Enero.

Pero la familia, mientras intentaba reunir el dinero para pagar el rescate, llegó hasta la Jefatura Civil de 23 de Enero a colocar la denuncia ante el jefe civil, Lisandro "Mao" Pérez. Allí las redes sociales de inteligencia, según comentó la propia autoridad civil, comenzaron a trabajar. "Por eso fue que lo dejaron libre, porque se enteraron de que lo andábamos buscando", indicó Pérez.

Denuncia formal
Esa misma semana, que por seguridad de las cinco víctimas no se precisará de cuál se trató, a la jefatura civil llegaron otras cuatro denuncias. "En una semana cinco denuncias nos pareció demasiado. Necesitamos poner cartas en el asunto. Por eso pedimos públicamente una reunión con el director de la Policía Metropolitana y con el propio ministro Tarek El Aissami. Esto no puede seguir ocurriendo. Desde enero, en época de cobro llega algún reporte de esta situación, nunca fueron tantos y tan seguidos. Hubo épocas en que estuvieron aplacados, pero resurgieron y con mucha más fuerza", dijo la propia autoridad civil.

Para "Mao" los presuntos responsables de esos secuestros son funcionarios de la Policía Metropolitana. "Pero no los que están destacados en la zona. Ellos trabajan con seriedad en la comunidad. De hecho, con ellos mismos hemos hecho recorridos para agarrar a este grupo. Pero creo que son uniformados que vienen de otras zonas a fastidiar para acá", destacó Mao.

Ante la recurrente situación, el jefe civil y los moradores piden reuniones de seguridad para poner coto a lo que están viviendo. "No queremos que sean los grupos sociales los que pongan orden en la parroquia, estamos llamando a las autoridades para evitar malos entendidos, pero si no nos hacen caso, serán ellos los que se deban encargar de regresarle la calma a la comunidad", indicó el jefe civil, "y no es una amenaza, eso que quede bien claro".

María Isoliett Iglesias
EL UNIVERSAL