El artículo de hoy responde a las declaraciones de dos rectores del CNE sobre la injerencia de Chávez en la campaña que nos ha conducido a las elecciones de mañana. Con diligencia digna de mejor causa, Tibisay Lucena y Germán Yépez se ocuparon de justificar los excesos del jefe del Estado en un torneo que no le incumbe, debido a que se enmarca dentro del entorno de los principios federales sobre los cuales carece de atribuciones el poder central; en una competencia sobre la cual deben ejercer ellos meticulosa vigilancia como si se tratara de los fieles de una balanza. Así como Chávez no pudo ni quiso entender el desarrollo de una actividad de naturaleza comarcal en la cual le estaba vedada la presencia debido a los mandatos de la ley, los aludidos rectores decidieron presentarse ante los venezolanos como custodios de los derechos que supuestamente asistían a quien aparecía como presidente transfigurado en candidato a gobernador, a legislador estadal y a representante en los concejos municipales. No sólo tenía como ciudadano el derecho de protagonizar a su gusto el juego político, según la señora Lucena, sino también de expresarse en atención a las pulsiones del discurso apasionado que le brotaba de las entrañas, de acuerdo con el señor Yépez.

En ambos casos le concedían a Chávez los derechos que podían ejercer los partidos políticos y el resto de los candidatos, sin ningún tipo de limitación. Podía él, en concordancia con las afirmaciones de los rectores, no sólo comportarse como cualquiera de los nominados, sino igualmente participar hasta donde considerase conveniente. Como es evidente la maroma escandalosa que debieron hacer los burócratas, el salto mortal que debieron ejecutar para llegar a una explicación tan alejada de la imparcialidad, pero también de la decencia que suelen demostrar las personas a quienes corresponde un mandato directamente relacionado con los principios republicanos, tal vez sea ocioso venir ahora a decirles que se pasaron de la raya, que no aparecieron ante los ojos de la sociedad como circunspectos vigilantes del voto sino como encarnaciones de una pobreza de espíritu que tenía tiempo sin exhibirse entre nosotros con la carga de todas sus vituallas. Su confesión de parte nos releva de la necesidad de leerles el código para probar los extremos de su servilitud, para ventilar el tamaño de su extravío legal, pero nos permite apuntar una pregunta que lamentablemente no pasó por la cabeza de la dama y el caballero antes de sonrojarnos con sus exculpaciones.

¿El Presidente tiene derechos? Seguramente se apresurarán ella y él a afirmar la existencia de tales derechos y la alternativa que tiene el titular de la primera magistratura de ejercerlos como cualquier ciudadano. No en balde actuaron en la víspera como sus procuradores, pero la cosa no es tan simple. Chávez los acompañaría en la idea sin vacilación, pues hace poco desembuchó la afirmación de que podía transmitir en cadena sus lindezas cuando le viniera en gana sin límites horarios por el solo hecho de ser el Presidente. Si quieren hacer cadenas espérense a llegar a Miraflores, gritó en días pasados. Dado que entiende que carece de confines en el manejo de la cosa pública, y que los dos rectores lo acompañan en el parecer o no se atreven a contradecirlo, pareciera caso cerrado el asunto de las prerrogativas cuando hace uso de ellas el jefe del Estado. De nuevo salta a la vista que no es así, pues hasta los monarcas que antes eran de derecho divino y ahora dependen de las soberanías nacionales están sujetos al imperio de la legalidad. Por muy coronados que sean, no pueden abusar de comunidades que antes formaban los súbditos y ahora los ciudadanos. Si así sucede en las monarquías de la actualidad, ¿cuáles derechos protegen con mimo la señora Lucena y el señor Yépez?

No sé en cual de las cartillas de su obsecuencia encontrarán una respuesta plausible porque, en realidad de verdad, el Presidente no tiene derechos sino deberes. El deber del respeto al resto de los poderes constituidos, el deber del respeto de las autonomías establecidas en la carta magna, el deber del respeto a la ley electoral, el deber del respeto a la oposición y a los mismos dirigentes de su partido a quienes trata como manumisos, el deber del silencio que tanto nos beneficiaría como pueblo, el deber de escuchar la palabra del prójimo, el deber de luchar contra la deshonestidad y contra la violencia, el deber de considerar que no sólo él habita en Venezuela, sino también una muchedumbre de personas que quieren pensar con cabeza propia; aún el deber de la consideración hacia personas como la señora Lucena y el señor Yépez, para que no sigan haciendo esos papelones.

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